Publicado el 11 de julio, en el diario El Mercurio. Enlace a la versión web aquí, la versión de papel digital aquí.

Adelanto del catastro encargado por el Gobierno y que se entregará la próxima semana:

El jueves se conocerá el análisis a los 298 programas de ayuda social que tiene el Estado. Hasta ahora no se sabe con claridad cómo operan y el alcance que tienen. Sin embargo, fue posible detectar anomalías, como que hay unas 3 mil viviendas sociales desocupadas, que algunos programas gastan el 60% de su presupuesto en sueldos y burocracia y que existen millonarios estudios duplicados.

Por Marisol Olivares y Sergio Acevedo

Hace casi tres semanas, los ministerios de Planificación, Vivienda, Educación y Salud anunciaron una auditoría a los 298 programas sociales que venían ejecutándose desde los gobiernos de la Concertación. El proceso de revisión fue planeado para un plazo que se cumple este jueves 15 de julio.

El ejercicio consiste en conocer la cantidad de programas sociales existentes, los fondos invertidos y la cantidad de beneficiarios en cada ministerio. De manera de poder agruparlos en una sola entidad -Mideplan- y ver cuáles se pueden fusionar y así mejorarlos. Con esta información en mano llegarán a la cita los cuatro ministros. Antes de analizar qué programa social permanece y cuál desaparecerá, se debe “empezar a ordenar la casa”. Así describe el ministro de Planificación, Felipe Kast, la que ha sido su tarea más difícil. Para empezar, no existe un registro en que figuren todos los beneficios que entrega el Estado ni el número de beneficiarios.

Por esta razón, lo más importante para el futuro Ministerio de Desarrollo Social es crear una nueva metodología -para lo cual han traído a profesionales con posgrados en Harvard- que permita recolectar la información. Uno de ellos es Matías Claro, quien sintetiza de esta forma lo que encontró: “Uno tiene la idea de que en el servicio público se trabaja de una manera más desordenada, pero esto es incluso más precario. Que no se pueda saber cuántos programas sociales existen, el número de beneficiarios y cuál es su público objetivo lo resume todo”, dice.

Esta situación contrasta con lo que señaló la ex ministra Paula Quintana hace algunos días en una entrevista: “los programas sociales de cada ministerio están publicados en sus sitios web, donde aparece no sólo de qué se tratan, sino de la cantidad de beneficiarios y de recursos que se invierten en ellos”. Además recalcó su temor a que se empiecen a hacer recortes en los gastos en materia social. Sin embargo, al hacer un recorrido por los portales de los cuatro ministerios, los programas sociales suman un total de 23, cifra muy alejada de los 298 que hoy están siendo analizados.

Lo que enfatiza Kast es que hoy el proceso no es evaluativo, sino simplemente un monitoreo para saber en qué se han gastado los recursos. En definitiva, señala que se debe hacer una política que se centre más en las personas y no en las instituciones, y hacer que los ministerios conversen entre sí, de manera de maximizar los recursos y que la mayor parte de los fondos y beneficios lleguen finalmente a las personas, y no en administración, por ejemplo.

Frente a las críticas de la ex ministra Quintana, explica que esto “no es una caza de brujas”, sino un esfuerzo por conocer los programas, su costo y resultados. “No hay nada más alejado para nosotros que querer reducir el gasto social”, dice.

Esta semana, a días de que llegue el listado a Mideplan, “El Mercurio” indagó en los ministerios el estado de sus programas sociales, y algunos de los hallazgos preliminares fueron los siguientes:

Redundancia en datos

Hasta cinco unidades ven un mismo programa en Mineduc

En el Ministerio de Educación recién están empezando a hacer una revisión de sus programas sociales, pero ya se han encontrado con varias sorpresas. Por ejemplo, el programa que beneficia a los estudiantes de educación técnico-profesional es visto por cinco unidades que no se comunican entre sí: Educación Media, Educación Superior, Planificación, Junaeb y Chile Califica. De esta manera, no hay un orden y nadie sabe cuántos son los beneficiados con este programa y cuántos son los fondos que se invierten en este plan de beneficios.

Otro problema con el que se han hallado es que en el Programa de captura de datos del ministerio, que reúne la información de todos los colegios, la mayor “burocracia” es la informática. Los colegios que entregan información al ministerio deben subir la información tres veces, si no, ésta no es recopilada. Esto hace que los datos no siempre lleguen a destino y el ministerio ignore lo que sucede en ciertos establecimientos educacionales. Cambiar la recopilación de información es un paso fundamental, ya que, señalan, se debe tener la información de todos los sostenedores para permitir la asignación de recursos; si no se cuenta con ella, hay establecimientos que pueden quedarse sin nada.

Costos no centralizados

60% de los fondos del Injuv en remuneraciones y burocracia

El ministro de Mideplan, Felipe Kast, señala como ejemplo del desorden existente, el programa social del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

En dicha entidad, el año pasado el 65% de los fondos se gastó en burocracia, es decir en administración, sueldos de los trabajadores, bienes de consumo y gastos del personal. En el 2008, un 56%, y en el 2007 el 59%. Esto significa que menos de la mitad de los recursos invertidos en servicios llegaron a las personas.

El ministro lo ejemplifica así: “Hay programas sociales muy baratos de entregar, como el bono marzo, donde el 99% de los fondos llega a la gente y sólo un 1% se gasta en burocracia. En el caso del Injuv, se debe aspirar a gastar el 15% en administración y sueldos, para que los recursos lleguen es a los beneficiados”, señala.

En este momento, Mideplan no cuenta con un centro de costo de todos los programas sociales; esto se debe, según el secretario de Estado, a que “hay un desorden muy grande dentro de la entidad”, y hoy están en proceso de ordenarlo para empezar a mejorar e inyectar más recursos”. “No teníamos la información suficiente; ahora sabemos qué hacer, como en el caso del Injuv”, indica .

Para Kast, reducir el gasto burocratico significa aumentar el gasto en servicios. “El hecho que la ministra pasada dijera que le parecía mal que se hiciera este ejercicio, demuestra que el compromiso con las personas más pobres, muchas veces se queda en las palabras y no en las acciones”, explica .
Sólo 2% figura en el Informe Social

Antes de empezar a “ordenar la casa”, Matías Claro, uno de los asesores de Mideplan, empezó a buscar cuántos son los programas sociales que entrega el Gobierno, y se encontró con la realidad de que no hay un registro nacional de todos los beneficios sociales entregados por el Estado.

Hace tres años existió la intención de hacerlo y se creó por ley el Registro de Información Social donde debían inscribirse todos los programas sociales y todos los beneficiarios de éstos, pero para la sorpresa de Claro, sólo el 2% de los planes está inscrito. Dice que desde que asumió el cargo han incorporado el 50% de los beneficios, y que finalizar la tarea tomará todo el año.

Claro señala que “en el gobierno anterior no era una prioridad analizar información ni hacer análisis de datos. De pronto por la misma continuidad de los gobiernos”.

Además, agrega que “se ha dicho que esto es una caza de brujas, que se quiere disminuir el gasto social. Y no hay nada más alejado de nuestra intención. Hacer un registro del gasto social es lo mínimo que hay que hacer para saber cómo se desempeñan los gastos sociales y ver qué es lo que finalmente le llega a la gente”.

Filtro a nuevos beneficiarios

Las 3.000 casas abandonadas del Servicio de Vivienda y Urbanismo

El 80% de los programas sociales del Ministerio de Vivienda va destinado a entregar subsidio habitacional para que personas en vulnerabilidad social o clase media puedan optar a una casa propia.

Andrés Iacobelli, subsecretario de la entidad, es claro en decirlo: “El desorden no permitió que se entregara el subsidio a las personas más vulnerables”. Por esta razón, hay personas que efectivamente viven en condiciones de pobreza que llevan 10 años esperando por un subsidio, y otras que no son vulnerables que, al obtener una vivienda, la arriendan o simplemente la abandonan. Y no es un mero ejemplo.

Según el catastro hecho por el Ministerio de Vivienda, en este momento hay aproximadamente 3.000 casas entregadas por el Programa Fondo Solidario de Vivienda que se encuentran abandonadas por sus dueños. Este beneficio está orientado a subsidiar un 98% del costo de la vivienda a las familias con condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica. Esta condición se mide en indicadores basados según el nivel de pobreza, indigencia, tenencia de hijos menores de 15 años y la cantidad de personas de la tercera edad o discapacitados que pertenecen a la familia. “Las casas inhabitadas están en excelentes condiciones, lo que pasa es que los dueños tienen otro lugar donde vivir”, señala Iacobelli.

Las casas abandonadas se ubican así: 1.200 en la Región del Maule, 294 en Biobío, 194 en Arica, 181 en Los Ríos y 169 en Coquimbo.

Con este antecedente en mano, Iacobelli dice que no queda más que “burocratizar más el sistema de subvenciones”, por lo que se agregó una declaración jurada, donde la persona se compromete con la firma y huella digital que todo lo que señala es verdad, que va a vivir en la casa y que, en caso de mentir, o arrendar la vivienda, el Ministerio de Vivienda puede quitársela, lo que no sucedía en la administración anterior. “Esto ya ha creado un filtro en las personas, que no están dispuestas a jurar algo que no es cierto”, dice.

Además, se le restó incentivo a las constructoras y al precio del suelo, para que no influyan en la gente, al momento de postular al subsidio habitacional.

Pero los cambios no son retroactivos. Hoy, 1.494 casas abandonadas se ubican en las regiones azotadas por el terremoto, y sus legítimos dueños siguen siendo quienes pagaron el 2% de su precio y después las dejaron solas.

Encuestas

Millonarias pérdidas por duplicación

Otro de los problemas con los que se han encontrado en Mideplan es que dos instituciones realizan la misma encuesta sin usar la misma metodología, lo que hace que un instrumento simplemente se pierda al no hacerse comparable en el tiempo con el otro.

Por ejemplo, las encuestas Casen y Discapacidad formulan las mismas preguntas en materia de lisiados, pero no usan el mismo método.

En cuestión de dinero, esto se traduce en $300 millones que vale la Encuesta de Discapacidad. Lo mismo sucede con la Encuesta de Juventud y otros sondeos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas. El valor de cada consulta ciudadana bordea los 300 millones de pesos y así, son varios los millones que suman en contra.

Lo importante, señala Kast, es hacer que los ministerios conversen entre sí, para que de esa manera se logre optimizar los recursos y no tener a varias secretarías de Estado preguntando lo mismo. Lo esencial no es centrarse en las instituciones, sino en las personas, explica.

Ministro Kast: “Esto no es una casa de bruja. Es lo primero que se debe hacer para decidir el gasto social”.

Ecuesta como Casen y discapacidad realizan las mismas preguntas en materia de invalidez, lo que significa pérdidas de $300 millones.

El Injuv, es uno de los programas cuyo manejo está más cuetionado. El año pasado el 65% de los fondos se gastaron en administración y remuneración del personal.

El Minvu ha comenzado a exigir una declaración jurada para compremeter a los beneficiarios a que vivan en las casas y no las arriendan, de lo contrario pueden perder la subvención.