El ex Presidente Lagos es de los que ha cambiado su opinión y ahora prefiere el voto obligatorio:
Por el contrario, en los sistemas voluntarios, la participación de las élites -que tienden a una actividad política activa- es mayor, por lo que sus intereses se ven más representados que los del resto en la toma de decisiones.
Sergio Acevedo Valencia
Esta semana, el debate acerca del voto obligatorio volvió al primer plano. Se trata de un tema que el Ejecutivo desea zanjar pronto, para así cumplir con la promesa de campaña del Presidente Piñera, quien apostaba por un sistema de inscripción automática y voto voluntario.
Aunque inicialmente había claridad en torno al proyecto, hace unos meses asomaron las primeras voces de discrepancia. Una de las más fuertes es la del ex Presidente Ricardo Lagos, quien, en una entrevista a “El Mercurio”, afirmó que creía necesario un sistema de inscripción automática, pero con voto obligatorio -antes apostaba por el voto voluntario-. Políticos como Pablo Longueira, Felipe Harboe y Osvaldo Andrade también son de la misma idea. A todo esto se suma la DC, que anunció que está explorando un acuerdo político a favor de la inscripción automática y el voto obligatorio.
Y mientras los políticos discuten el tema, en el mundo económico, los expertos coinciden en que el voto obligatorio lleva a mejores políticas de distribución del ingreso. “Diversas investigaciones han mostrado que el voto voluntario podría tener consecuencias negativas sobre la redistribución del ingreso”, dice el chileno Alejandro Corvalán, desde el Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York. El fenómeno se ve reflejado en el índice Gini, que mide la distribución del ingreso de un país, siendo 0 la perfecta igualdad y 100 la perfecta desigualdad. Dicho indicador es más alto en países donde existe el voto voluntario. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sistema voluntario y su indicador Gini es de 40,8. En cambio, naciones europeas de similar ingreso per cápita, pero con voto obligatorio, promedian un índice de 33.
De acuerdo a los expertos, por años los sectores pudientes se han involucrado más en los procesos eleccionarios, lo que ha provocado que las propuestas de los candidatos sean más proclives a favorecerlos. Esto, simplemente porque votan más que las clases menos favorecidas.
El caso chileno
De acuerdo a un estudio de Alejandro Corvalán y Paulo Cox, el universo electoral chileno tiene características en las que es necesario reparar: las inscripciones en los registros electorales han caído un 30% en los últimos 20 años, y por otro lado, los inscritos en las comunas de altos ingresos son más. Así, por ejemplo, en Las Condes, un 53,4% (en 2005 era 40,9%) de los jóvenes de entre 18 y 19 años están inscritos en los registros, mientras que en La Pintana -donde existe la misma población en ese rango- las inscripciones llegan sólo al 3,2% (en 2005 era 3,5%). “Después de 1990, los jóvenes de clase alta son quienes más votan”, comenta el experto de la Universidad de Harvard, el chileno Kenzo Asahi.
Otra de las teorías señala que las comunas de altos ingresos tienen mayor posibilidad de educar a sus jóvenes. Existiendo una mayor cultura cívica y valoración por la política, por lo que acuden a votar en mayor número. Claudio Fuentes, investigador del Instituto de Ciencias Sociales, de la Universidad Diego Portales señala: “A los sectores de mayores ingresos les interesa estar representados, mientras los pobres perciben que si votan o no, da lo mismo”, explica Fuentes.
Los estudios también indican que los países con voto obligatorio destinan un 7% más de su PIB al gasto social que los que tienen un sistema de voto voluntario. Asimismo, el gasto total del Estado en políticas sociales es 16% más alto. “Eso podría llegar a ser una mejora de los sueldos de los más pobres”, dice Juan José Matta, economista de “Un Techo para Chile”.
Colombia optó por incentivos para fortalecer el voto voluntario
Hasta principios de la década del 90, los colombianos tenían un sistema electoral con inscripción y voto voluntario. Sin embargo, en 1994, se realizó una gran reforma para permitir la inscripción automática, pero conservando el voto voluntario. Pero la caída en la asistencia a las urnas llevó a tener que entregar incentivos económicos al sufragio.
Entre ellos se cuenta una reducción de 10% en el costo de un certificado de antecedentes personales, de la cédula de identidad y del pasaporte.
Así también, una reducción por el mismo porcentaje en las matrículas de las universidades públicas.
Otros estímulos son la disminución de un mes en el servicio militar, medio día de descanso remunerado para todos los trabajadores y “puntos extra” en los concursos públicos y subsidios de vivienda.
A pesar de los estímulos, analistas colombianos dicen que el sistema no funciona bien, ya que en la elección presidencial de este año la abstención fue de 55,6%.
Esto puede ser debido a que, en la práctica, los incentivos no estarían bien resueltos.
El descuento en universidades, por ejemplo, sólo favorece al 35% de los jóvenes, mientras que la disminución de un mes en el servicio militar, rara vez ocurre. Esto, porque ambos procesos se realizan a partir de los 18 años y, cuando los reclutas entran a cumplir con su misión castrense, todavía no han votado.
Publicado el 07 de noviembre, en el diario El Mercurio. Enlace a la versión web aquí, la versión de papel digital aquí.















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