La Alcaldía de Manizales debe ser la entidad estatal del país más avanzada e innovadora en cuanto al sistema de contratación. Ya no es necesario tener que llevar los documentos de la Cámara de Comercio, la póliza del contrato, fotocopia de la cédula, entre otros papeles necesarios para poder vender servicios al Estado. No, en Manizales ahora se puede hacer sin respaldos y de manera verbal.

Parece que para la alcaldía de la capital caldense, no es suficiente el castigo que una grúa se lleve el auto a los patios y que deba pagarse en total unos $500 mil por la multa, el servicio de grúa y el estacionamiento en el patio. Ahora algunos deberán sacar otros miles de pesos para ir a Bogotá y rescatar lo que quede de su vehículo, si es que está allá, porque todavía no hay claridad fehaciente del paradero de las 200 máquinas que se “exportaron” hacia el Distrito Capital.

El caso es raro, porque debe ser más barato llevar los 200 automotores y guardarlos en un lote de Villamaría o Chinchiná, que trasladarlos hasta la capital del país, eso debió costar más que arrendar o comprar un lote en un municipio vecino.

Es increíble la cadena de irregularidades que enunció el periodista Ricardo Patiño de LA PATRIA en su nota: “Por contrato verbal 200 vehículos terminaron en Bogotá” (III.10.2011). Allí se lee la actuación inexplicable en el 2008 del actual secretario de Gobierno de la Alcaldía de Manizales, Julián Andrés Vasco, quien aparece en cada administración salpicado por manejos administrativos que dejan mucho qué desear.

Es de recordar las 53 motocicletas que fueron adquiridas hace cerca de cinco años, por 450 millones de pesos, para la Policía por el programa de “Manizales Segura”, liderado por Vasco y Luis Roberto Rivas, que hoy quién sabe dónde están amontonadas por defectuosas -solo faltan que también estén en Bogotá- es de recordar que fueron sacadas de circulación por la misma Policía, pues se les caían los tornillos, como declararon los mismos agentes del orden, que las utilizaban, tenían que ir recogiendo las tuercas como fichas de armar, salidas de un paquete de papitas fritas.

El señor Vasco, según relata la nota periodística, cuando era secretario de Tránsito municipal en el 2008, dio la concesión de los patios a Grúas Palmeto mediante un “contrato verbal” que duró casi tres años, como si eso fuera posible en la contratación pública.

Así fueron 32 meses donde la administración municipal y sus funcionarios le regalaron muchos millones de pesos a Grúas Palmeto, al no tener una concesión firmada, dineros que salieron de los ciudadanos que debían cancelar el estacionamiento y el servicio de grúa, que funcionaba de forma pirata, según los datos recopilados por el periodista y con el consentimiento de la secretaría municipal.

Esta acción del secretario Vasco va en detrimento de los mismos fondos de la Alcaldía, la cual no debió recibir ningún dinero, ni tributo por la concesión, pues sin contrato que podía cancelar la empresa Palmeto a los fondos municipales o cómo el municipio los podría exigir. ¿Cuánta plata dejó de recibir la ciudad por ello? y peor aún, cuando son estas concesiones las que más recaudación dejan a las arcas de las municipalidades, pues es sabido lo caro de esos penosos servicios.

Parece que en Manizales se está institucionalizando los contratos a pura labia, ya que a este nuevo escándalo se suma al que se dio entre Infimanizales y Celerak, para operar el Ecoparque Los Yarumos desde agosto de 2009 a enero de 2010. Concedido también bajo está innovadora modalidad de contratación y que continúa bajo investigación de la Contraloría Municipal.

Desde luego que están en pleno derecho el alcalde Juan Manuel Llano y sus secretarios de realizar contrataciones o licitar con privados los servicios de los patios de tránsito o cualquier otro que necesite la ciudad, tal como lo establece la ley. Lo que es lamentable es que los funcionarios públicos de la alcaldía teniendo la obligación de velar por el beneficio de la mayoría de los manizaleños, hacen todo lo contrario y se van en beneficio de un particular, incumpliendo así el mandato que les dieron los ciudadanos.

Por lo tanto, creo que el Concejo de Manizales, en un acto solidario con la ciudad debería llamar a informar sobre el caso, no solo al actual secretario de Tránsito, Diego Franco Molina, sino también a Julián Andrés Vasco, por ser quien estaba a cargo de esa secretaría cuando se iniciaron las irregularidades y desde luego al mismo alcalde Llano, para que expliquen dónde están los automotores desaparecidos y qué pasa en razón de los millonarios recursos y tributos que dejó de percibir Manizales por falta de una concesión legal.

Porque, o si no, va a terminar Manizales siendo una ciudad innovadora, donde los contratos se hacen como en las comunicaciones de los call centers: el telefonista llama y dice que la grabación del llamado registra y válida el contrato, o sea, todo a pura labia y nada por escrito.

Nota: Otra consideración merece el contrato legalmente firmado para la silletería del estadio Palogrande, así sea por el doble del valor que cuesta la misma en el estadio de Pereira. ¿O será que en Manizales las cosas valen un 50% más por efecto del impuesto predial?

Columna de opinión publicada el 19 de marzo de 2011 en el periódico La Patria de Manizales, Colombia.